El PRO presentó proyecto para eliminar los planes sociales en forma gradual
El proyecto apunta a transformar los planes sociales en empleo genuino a través de capacitación e inclusión laboral.
Diputados nacionales del Pro presentaron un proyecto de ley para crear un Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad, con la finalidad de eliminar los planes sociales mediante cursos de formación laboral a cambio de la continuidad de las prestaciones sociales por un máximo de dos años.
La iniciativa que fue presentada ayer lunes por los legisladores José Núñez, Gustavo Hein, Pablo Torello y Soher El Sukaira, contempla también una segunda línea de acción con beneficios para las empresas que tomen primero como pasantes y luego como empleados efectivos a personas que estén registradas en este «Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad».
El programa propuesto absorbe todos los planes sociales y obliga a aquellas personas beneficiarias a anotarse en un mínimo de dos capacitaciones anuales, que le demandarán un máximo de 20 horas semanales y un tope de cuatro horas por día.
No obstante, la iniciativa aclara que una vez transcurridos los 24 meses, el plan social percibido dejará de tener efecto y será dado de baja.
Se propone como autoridad de aplicación a la Jefatura de Gabinete, quien dispondrá de los mecanismos necesarios para la creación del Registro de Empresas Productivas (REP), a fin que las empresas interesadas en gozar del beneficio puedan inscribirse, así como también las cámaras sectoriales y uniones de empresas.
«Concluida la capacitación, el beneficiario automáticamente quedará inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas dentro del REP, pudiendo así, comenzar por el termino máximo de seis meses la denominada pasantía laboral», señala el proyecto.
A la vez se establece que las empresas que contraten a las personas que perciben prestaciones sociales tendrán la obligación de contratar un seguro de accidentes personales, seguro de vida y una retribución no contributiva equivalente a medio salario mínimo vital y móvil. El ingreso del pasante seguirá a cargo del Estado nacional, que abonará el equivalente a la prestación social.
Formalizada la relación laboral, el empleador abonará por el término de 12 meses, como mínimo, la diferencia entre lo percibido por el beneficiario de una prestación social y lo establecido por el convenio que rige al sector.
“Definitivamente estamos en contra de la intermediación que politiza el acceso a los ingresos de emergencia. Transformar los planes sociales en empleo genuino permitirá que Argentina ingrese en una senda de desarrollo”, explicó Núñez. (VW)
