Turismo: Cambios en la Ley para fomentar inversiones
Nuevo decreto con cambios y desregulaciones en la Ley Nacional del Turismo. Eliminan el Comité Interministerial de Facilitación Turística y el Programa Nacional de Inversiones Turísticas.
El Gobierno nacional de Javier Milei aprobó modificaciones en la Ley Nacional de Turismo, con el objetivo de incentivar la llegada de inversiones al sector.
A través del decreto 216/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial, la administración libertaria disolvió programas de financiamiento y redefinió las funciones de la Secretaría de Turismo para enfocarlas en la promoción de inversiones y el desarrollo del sector sin interferencias estatales.
Entre los cambios más relevantes autorizados por el Presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se destaca la eliminación del Comité Interministerial de Facilitación Turística y del Programa Nacional de Inversiones Turísticas, ambos encargados de gestionar recursos y coordinar estrategias para el crecimiento del turismo en la Argentina.
Es preciso mencionar que, hasta ahora, el Comité Interministerial de Facilitación Turística, tenía la función de coordinar acciones administrativas entre diferentes organismos estatales vinculados al turismo. Según el Ejecutivo, la eliminación de este organismo responde a la “necesidad de agilizar la toma de decisiones y reducir la intervención estatal” en la asignación de recursos.
En la misma línea, sobre la eliminación del Programa Nacional de Inversiones Turísticas, que estaba destinado a financiar proyectos de infraestructura y desarrollo turístico, el Gobierno argumentó que el Estado “debe enfocarse en generar condiciones propicias para la inversión privada sin intervenir en el mercado” con mecanismos que puedan distorsionar la competencia.
El decreto, que establece cambios en la Ley Nacional de Turismo hace hincapié en que la organización pública vinculada al turismo debe orientarse a la promoción de la inversión y al desarrollo del sector sin imponer regulaciones que afecten la libre competencia. Para ello, el Gobierno considera clave eliminar normativas que otorguen a la autoridad nacional funciones que podrían interferir con las competencias de las provincias y el sector privado.
En tanto, los cambios introducidos en la legislación también impactan en las funciones de la Secretaría de Turismo, que ahora tendrá un rol más enfocado en la planificación federal y la promoción de inversiones. Dentro de sus nuevas responsabilidades, se encuentra la tarea de coordinar la promoción turística tanto a nivel nacional como internacional, incentivar el desarrollo de proyectos turísticos y gestionar acuerdos con provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre las facultades que se le otorgaron a la Secretaría de Turismo, se incluye la posibilidad de diseñar campañas de marketing y promoción del turismo con la utilización de medios de comunicación sin generar costos adicionales para el Estado. Además, el titular del organismo podrá celebrar convenios con entidades públicas y privadas para fomentar el crecimiento del sector y promover incentivos para la inversión en turismo, incluyendo beneficios fiscales y crediticios.
En otro orden de cosas, el Gobierno nacional extendió la invitación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que adopten medidas de fomento al turismo similares a las aplicadas en la actividad industrial, otorgando beneficios impositivos y crediticios que impulsen el desarrollo del sector en sus respectivas jurisdicciones.
Según dejaron trascender desde la administración libertaria, la decisión de reformar la Ley de Turismo se enmarca en la política general del Gobierno establecida en el decreto 70/2023, que busca fomentar un sistema económico basado en la libre competencia, la propiedad privada y la reducción de la intervención estatal en distintos sectores de la economía.
En este contexto, el Ejecutivo consideró que la eliminación de programas y responsabilidades de la Ley Nacional de Turismo es necesaria para evitar mecanismos de intermediación en la asignación de subsidios y promover incentivos que impulsen la productividad y competitividad en el turismo.
Según el Gobierno, el nuevo esquema permitirá “atraer mayor inversión privada y facilitar el crecimiento del sector sin la necesidad de subsidios estatales”.
Con estos cambios, el Gobierno busca consolidar un modelo de desarrollo turístico basado en el protagonismo del sector privado, eliminando regulaciones y programas que, según su visión, obstaculizaban la inversión. (VW)
