Decreto: Diputados bonaerenses denunciaron intento de avasallamiento por la designación de Lijo y García-Mansilla
Se trata de legisladores bonaerenses de distintos espacios políticos.
Un grupo de diputados bonaerenses de distintos espacios políticos cuestionaron la designación por decreto del juez federal, Ariel Lijo, y del catedrático, Manuel García–Mansilla, como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y denunciaron un intento de avasallar las instituciones, además de acusar al Gobierno de Javier Milei de buscar garantizar impunidad y favores judiciales.
Uno de los más duros fue el diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, quien calificó la designación del juez federal como una maniobra para proteger la corrupción y la impunidad. “Lijo es un delincuente que no debería llegar nunca a la Corte Suprema. Es el juez de la corrupción, de las mafias y de la impunidad”, sostuvo.
En esta línea, Bugallo informó que Lijo es candidato del actual integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y aseguró que está vinculado con la ex vicepresidente Cristina Kirchner, por lo que consideró que el decreto “es la consumación del pacto de impunidad entre la casta mafiosa más brutal de nuestra historia y el tipo que llegó a la Presidencia diciendo que iba a ‘terminar con la casta’”.
En esa línea, el diputado bonaerense de UCR + Cambio Federal, Valentín Miranda, además de rechazar la decisión del Presidente y enfatizó la necesidad de respetar la Constitución. “No vale todo. La Constitución Nacional es clara: los jueces de la Corte Suprema deben ser designados de forma democrática mediante el consenso del Senado. El decreto del presidente Milei para nombrar a Lijo y García-Mansilla constituye un grave atropello institucional”, subrayó.
La diputada del bloque Acuerdo Cívico UCR-GEN, Viviana Dirolli, acusó al Presidente de repetir prácticas que él mismo criticó en el pasado pese a que en todo momento sostiene que llegó al Ejecutivo nacional para “cambiar la historia”. “Poner jueces por decreto, salteando al Senado, no es República, es avasallamiento. Los que dicen saber de economía deberían entender que sin instituciones fuertes no hay desarrollo posible”, señaló la legisladora.
Dentro de esa misma bancada, Nazarena Mesías, remarcó la contradicción del Presidente y sugirió que la medida tiene como fin garantizar “impunidad y favores judiciales”. “Imagino que todos los que siempre criticaron estas tácticas del kirchnerismo van a volver a oponerse, ¿no?”, ironizó.
Desde Unión por la Patria, la diputada bonaerense, Lucía Klug, vinculó la decisión de Milei con sus propias controversias judiciales por la estafa que se concretó por la promoción de la criptomoneda $LIBRA. “El chiste se cuenta solo y la Argentina sigue degradándose en manos de esta manga de delincuentes”, afirmó.
También se sumó a las críticas el diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad (FIT-U), Guillermo Pacagnini, quien denunció un accionar sistemático contra los derechos de la población por parte del Gobierno nacional. “Estafa al pueblo, le pega a los jubilados, hipoteca el país, te caga de hambre y encima pone jueces por decreto”, expresó.
El decreto que desató la crítica de los diputados bonaerenses
El decreto fue oficializado en el Boletín Oficial en el día de ayer por la tarde, y según la Oficina del Presidente, la designación de Lijo y García-Mansilla busca “normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial del país”, dado que actualmente cuenta con solo tres ministros, tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda, y tras un año sin tratamiento en el Senado.
Según informó la Oficina del Presidente, los pliegos de ambos magistrados fueron remitidos a la Cámara Alta el 27 de mayo de 2024, luego de cumplir con todas las instancias procedimentales requeridas, incluidas audiencias públicas en agosto pasado.
Sin embargo, el Senado no trató la designación, a pesar de que se cumplieron los requisitos normativos y se difundieron los antecedentes de los candidatos.
Desde el Poder Ejecutivo recordaron que la Constitución Nacional otorga al Presidente la facultad exclusiva de nominar jueces para la Corte Suprema, mientras que el Senado debe prestar acuerdo o rechazar los pliegos en base a un análisis de idoneidad y sin criterios políticos.
En ese marco, el comunicado oficial sostuvo que “la politización de la Justicia es una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio judicial eficiente” y destacó que “una notable mayoría del arco político respaldó en su momento a Néstor Kirchner y Mauricio Macri en la designación de jueces para la Corte”.
Finalmente, la Casa Rosada justificó la medida con el argumento de que “el Máximo Tribunal no puede funcionar con normalidad con solo tres ministros”, y ratificó que continuará el trámite legislativo para que el Senado ejerza su atribución de prestar acuerdo a los pliegos. (VW)
