La Provincia se levanta contra la desregulación de las prestaciones para personas con discapacidad
Distintos organismos del gobierno bonaerense se pronuncian en contra de un proyecto del gobierno de Milei que indicaría que las prestaciones para personas con discapacidad se fijen en forma libre con cada prestador.
Organizaciones nucleadas en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se movilizaron hoy en distintos puntos del país para rechazar los ajustes en el sector y la posible desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas.
El principal punto de concentración fue frente a la Residencia de Olivos, en el partido bonaerense de Vicente López.
El Rechazo es frente a un proyecto de decreto presidencial que apunta a la desregulación de las prestaciones por discapacidad, una medida que, de concretarse, implicaría “la ruptura de un logro fundamental, que es que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga”.
El Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (COPRODIS) se manifestó en contra de la reforma «que busca desregular el Sitema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral«.
Según explicó, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) pretende que «cada organismo financiador determine, de manera independiente, los valores arancelarios de las prestaciones, propiciando así un sistema fragmentado y desigual«.
En la misma línea, desde el Ministerio de Trabajo bonaerense denunciaron que «de prosperar, la iniciativa podría dejar (a las personas con discapacidades) sin la atención necesaria solo por una cuestión de costos«. «Esta desregulación destruiría el principio de universalidad y el de igualdad», indicaron desde la cartera que lidera Walter Correa.
La polémica reforma busca que cada organismo público que financia el sistema de prestaciones fije por su cuenta los aranceles para cada prestación. Actualmente, hay un nomenclador en el que se especifican las prestaciones y los aranceles que le corresponden a cada una. De esta manera, los entes que deben dar la cobertura, como obras sociales o prepagas, están obligados a pagar esos montos que, a su vez, se actualizan por inflación e índices salariales.
En este marco, desde el COPRODIS pidieron «que se descarte este decreto y se busquen soluciones que prioricen los derechos y necesidades de las personas con discapacidad».
La disconformidad se hizo extensiva:
En otras diez ciudades, también se dieron movilizaciones. En Rosario, Santa Fe, San Miguel de Tucumán, Córdoba, Villa María, Alta Gracia, Río Cuarto, Mendoza, San Juan y Salta manifestaron bajo la consigna “Basta de ajuste en discapacidad”.
Además, través de la plataforma de Change.org, lanzaron una campaña de recolección de firmas que ya lleva reunidas más de 33.000 adhesiones, en rechazo a la posible desregulación del sistema de prestaciones.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, advirtió a través de un comunicado de prensa que, de concretarse la pretendida desregulación de las prestaciones por parte del Gobierno, “se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado, ya que da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga”.
“El 10 de mayo se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24.901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas”, señalaron.
Y añadieron: “Actualmente no se ha podido establecer un mayor aumento, que está atrasado en un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones, por la presión de uno de los organismos financiadores. Dicha situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores, que están al borde del colapso. Esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto”, advirtieron. (VW)
