Las cámaras supermercadistas pidieron mayor presencia del Estado frente al ataque a los comercios
El supermercadismo argentino ya vivió trágicas experiencias en años pasados, con pérdida de vidas y daños materiales, que ahora deben ser evitados.
Las principales cámaras que reúnen en su seno a las cadenas de supermercados y autoservicio reclamaron este miércoles una mayor presencia policial y más seguridad para prevenir los ataques a los supermercados y autoservicios que se produjeron en los últimos días en diferentes puntos del país.
En ese sentido la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) reclamaron en un comunicado «un Estado presente»
«Ante los hechos de público conocimiento, que fueron perpetrados contra supermercados, autoservicios y otros comercios de distintas zonas del país, tales como robos, destrozos, robos agravados en
banda, que podrían configurar casos de desestabilización institucional, las entidades que representan a los Súper Argentinos manifiestan que es imperioso contar con un Estado presente, que prevenga estos delitos y castigue con todo el peso de la Ley a los delincuentes».
En los últimos días grupos de personas organizadas tomaron por asalto diferentes autoservicios y comercios en las provincias de Neuquén, Mendoza y el Gran Buenos Aires para robar bebidas, alimentos y todo tipo de insumo que se comercializan en eses espacios.
«Si bien nuestro sector siempre fue un objetivo principal de estos delitos, es evidente que toda la sociedad se ve afectada, por eso es imprescindible que el Estado cumpla con su deber de brindar seguridad, que la Justicia intervenga decididamente a través de sus fiscales y que la Política deje de lado mezquindades brindando la contención necesaria ante la emergencia que enfrentamos», consignó el documento que recibió Visiónweb.com.ar.
El supermercadismo argentino ya vivió trágicas experiencias en años pasados, con pérdida de vidas y daños materiales, que ahora deben ser evitados.
«Por eso es que no se debe permitir que pretendidos dirigentes sociales inciten a formar organizaciones delictivas destinadas a cometer ilícitos que podrían afectar a la seguridad de la población, -incluso con riesgo de vidas- ocasionando además ingentes pérdidas materiales a empresas y personas víctimas de los delincuentes», concluyó el documento (VW).